Un montón de denuncias indican que hay estructuras que bloquean el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo e incluso para adolescentes violadas. ¿Qué onda con esto si es una ley ya aprobada? Habría militantes antiderechos por detrás de todo.
En los municipios del norte del Gran Buenos Aires llueven denuncias de que en los hospitales no se cumple la ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien el aborto es legal en la Provincia de Buenos Aires (por ejemplo, un embarazo producto de una violación), se están bloqueando estas prácticas basadas en las tres causales que son lícitas desde hace más de un siglo.
En San Isidro, médicos del Hospital Materno Infantil contaron que pasa algo rarísimo: existe un “consultorio de Maternidad Vulnerada”. Este espacio, manejado por voluntarias religiosas, intenta persuadir a las mujeres que llegan a hacerse un aborto mediante violencia psicológica, manipulación y hostigamiento, siendo el aborto una práctica legal en el Gran Buenos Aires. Así buscan retrasar o directamente impedir los procedimientos. Como resultado, el número de IVE bajó de 210 a 150 en el primer semestre de 2024 comparado con 2023.
La situación es igual de preocupante en otros municipios. En Exaltación de la Cruz, un caso generó polémica: una niña, víctima de violación, enfrentó obstáculos judiciales para acceder a un aborto legal. La intervención de un “defensor del niño por nacer” -una figura que no existe en la ley argentina pero que sin embargo algunos juzgados permiten ilegalmente- provocó demoras y suspensiones del procedimiento.
¿Conocés algún caso similar? ¿Te parece bien que se hagan este tipo de operaciones para negar un derecho que está escrito en una ley?